La política educativa nacional establece el marco de referencia para el diseño y operación de propuestas educativas tanto en los niveles de educación básica y media superior como en el superior. Por una parte, en el nivel básico, la política educativa se orienta a la cobertura de la demanda de educación preescolar, primaria y secundaria; en educación media superior se pretende la capacitación y la calificación de los estudiantes en algún oficio o carrera técnica que faciliten su tránsito al mercado de trabajo en el menor tiempo posible. En el caso de la educación superior, la política educativa nacional establece como parámetros generales, por una parte, la correspondencia de la formación profesional con la oferta de empleo en el mercado de trabajo y por otra, se orienta a la inducción de la oferta de las denomidas carreras científicas, como las del área de ingeniería y tecnología; las cuales han disminuido su matrícula, de manera notable, en los últimos 20 años.

     No se puede negar que la educación superior, en este siglo, se ha desarrollado a gran escala; tanto a nivel de la docencia como en el campo de la investigación científica y tecnológica; sin embargo, también es importante señalar que el propio desarrollo científico y tecnológico generado en los últimos cincuenta años le plantea, al sistema educativo y a la educación superior, nuevos retos que será necesario enfrentar con una nueva visión estratégica y con los suficientes fundamentos para resolverlos.

     La proximidad del nuevo milenio, independientemente del impacto social generado por su proyección mitológica en la conciencia colectiva, está propiciando el surgimiento de nuevas y originales ideas para la organización y operación de la educación superior en sus tres funciones sustantivas: la docencia, la investigación y la extensión educativa y la difusión de la cultura. No obstante, el problema fundamental no reside en la carencia de ideas y de estrategias sino en la voluntad y la capacidad de los actores sociales de las instituciones educativas, para cambiar y para adecuarse a los nuevos tiempos; aun cuando esto les signifique la pérdida de una parte de su hegemonía y de un supuesto prestigio fundado en la tradición, frente a sus agremiados o seguidores.

     Es cierto que resulta demasiado pretencioso definir todos los retos que tiene frente a sí el sistema educativo mexicano y particularmente la educación superior, pero sí se pueden analizar algunos de ellos. En este trabajo, se intenta estudiar y delimitar tan sólo a cinco de los principales retos de la educación superior.

     El desarrollo científico y tecnológico en un país como México, constituye una política estratégica, pues en la medida en que seamos más autosuficientes en producción científica y tecnológica podremos disminuir la dependencia que actualmente tenemos con los países productores de patentes y franquicias.

     En la actualidad se está perfilando un nuevo modelo de hacer ciencia y de generar tecnología (1); por un lado el enfoque clásico se refiere a la producción científica y tecnológica ligada a la academia; por el otro, se empieza a consolidar el enfoque de hacer ciencia y generar tecnología a partir de la asociación de investigadores en redes del conocimiento; es decir, se está abandonando el enfoque clásico del científico que se encierra en su cubículo o su laboratorio para dar paso a la investigación aplicada; la cual es financiada más frecuentemente por las empresas. Esta manera de hacer ciencia y de generar tecnología puede incluir investigadores de diversos países, aun cuando no se conozcan entre sí.

     El primer enfoque ofrece la ventaja de contar con investigadores consolidados; ubicados en espacios que no cambian fácilmente; gozan de un presupuesto establecido; se liga con facilidad a la docencia pero puede propiciar el conformismo y el estancamiento. En cambio, en el segundo enfoque se tiene un mayor acceso a las nuevas ideas, a nuevos métodos y se fomenta la interdisciplinariedad; un problema que es importante citar consiste en la dificultad de ligar a la docencia a estos investigadores, asociados en redes del conocimiento.

     Por una parte, es evidente que se requiere generar más inversiones en investigación científica y en desarrollo tecnológico; en ciencia básica y aplicada. Pero, en la medida en que la política educativa se impregna de política partidaria o gremial, en esa misma medida se ve impedida la primera de lograr los propósitos científicos y tecnológicos que le dieron origen.

     Por otra parte, la sujeción del otorgamiento de financiamientos para el desarrollo científico y tecnológico, a compromisos de carácter político convierte a la investigación científica y tecnológica en presa fácil; se convierte en rehén de grupos sociales que sólo buscan el beneficio personal, en detrimento del verdadero propósito de la investigación, que es el bien común; el beneficio de la colectividad.

     En la actualidad, lamentablemente tenemos ejemplos de la vulnerabilidad del trabajo científico y tecnológico en las universidades públicas; el caso de los materiales y equipos que han sido dañados por efecto del paro en la UNAM son una muestra de lo mucho que se pierde cuando el trabajo científico y tecnológico se encuentra expuesto al conflicto político entre grupos. De igual manera, es importante citar que la producción científica y tecnológica deja de apoyarse cuando no se cumplen los compromisos establecidos, ni en tiempo ni en forma; máxime cuando el financiamiento es producto de la asociación con otras instituciones educativas o fundaciones que proporcionan fondos económicos para el desarrollo del trabajo científico y tecnológico. Por lo tanto, el reto consiste en definir cómo separar el desarrollo científico y tecnológico del conflicto social y político.

El segundo reto: la formación profesional frente a la oferta del empleo.

     El mercado del empleo es dinámico por excelencia; es aquí donde impactan en primer término las innovaciones tecnológicas y las políticas de desarrollo productivo. En cambio, en las instituciones de educación superior, aun cuando el impacto de los cambios mencionados se reflejan a nivel de demanda en las aulas, los niveles de apreciación y toma de decisiones frente a esas exigencias siguen procedimientos diferentes.

     Mientras que en el mercado del empleo una innovación tecnológica genera una demanda y acciones inmediatas de capacitación de personal y una adecuación de las cadenas productivas, en las universidades y en los institutos tecnológicos estas exigencias transitan desde los niveles de planeación institucional hasta los estudiantes, por la intermediación de los docentes. Esta intermediación se ve afectada por la entropía propia de todos los sistemas; en el caso de la formación profesional esta entropía (pérdida o fuga de información), es el efecto de la ideología de los profesores o bien de su ineficiencia o carencia de actualización disciplinaria; en cualesquiera de los dos casos el resultado es el mismo; las innovaciones tecnológicas tardan mucho más tiempo en arraigarse a nivel de la cultura docente que en la cultura empresarial. En este sentido, no es fortuito el hecho de que a diferencia de la mayoría de las instituciones formadoras de profesionales, en las empresas productoras de bienes y servicios se tenga un conocimiento más específico de las innovaciones tecnológicas, en cuanto a su estructura e impacto.

     En conclusión, el reto de las instituciones de educación superior, en materia de incorporación de la cultura científica y tecnológica, de la actualización disciplinaria y de las innovaciones tecnológicas, consiste en idear estrategias para que los profesores, responsables de la formación profesional, dominen el contenido vigente de su disciplina y los métodos y las técnicas más actuales para su aplicación práctica. Probablemente, la capacitación de los profesores en las empresas, a través de convenios bilaterales, sea una alternativa viable.

     Si atendemos a uno de los principios básicos de la educación permanente que postula que la educación del hombre no termina cuando culmina una carrera; que el hombre es inacabado y que es susceptible de una constante actualización; entonces, la formación profesional que recibe el sujeto en la universidad o en los institutos corresponde, en el mejor de los casos, al conocimiento vigente en el momento de concluir los estudios. También, la UNESCO ha vuelto a retomar tres de las misiones educativas ya definidas desde mediados de la década de los sesenta (en el marco de la Conferencia Internacional sobre Educación de Adultos de Teherán, en 1965) y ratificados en 1972 en la conferencia de Elsinor, Dinamarca. Ya desde entonces se precisaba que habría necesidad de educar para la vida, en la vida y para la convivencia con los demás; en otros términos, los aprendizajes fundamentales para la subsistencia de los individuos en su contexto se orientaban ya a dos grandes campos, que la comisión Faure, denominó aprender a aprender y aprender a ser (2). Posteriormente la Comisión Delors, en 1996, enriquece estos campos y define que las misiones de la educación se enmarcan en cuatro tipos de conocimiento: "aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores" (3). Y en el caso de la formación profesional estos principios se traducen en tres enfoques que definen las competencias profesionales: el saber, el saber hacer y el saber ser (4).

     En el contexto de las asociaciones comerciales, por la vía de la mundialización de la cultura y de la política y a través de la globalización económica, las competencias profesionales tienden a equipararse de manera similar con los estándares de exigencia profesional vigentes en los países desarrollados, con los cuales México tiene tratados de libre comercio. Entre los cuales destaca el Tratado Trilateral de Libre Comercio (TTLC) con los Estados Unidos de América y el Canadá (North American Free Trade Association); de igual manera se encuentran en proceso los acuerdos comerciales y de intercambio cultural con la Unión Europea y la Asociación de Países del Sureste Asiático (ASEAN).

     Una de tantas exigencias de la asociación consiste en la recertificación periódica de los profesionales con licencia para ejercer una profesión; esta política, de aplicarse en breve tiempo en nuestro país, generará descontento social en los gremios de profesionistas y exigirá al mismo tiempo, establecer los mecanismos y las estrategias para la recertificación de las profesiones y la actualización de las licencias para el ejercicio de las mismas. Este es uno de los retos que tenemos como país; y las instituciones de educación superior serán seguramente protagonistas y artífices en la generación de alternativas para la recertificación profesional.

     El desarrollo científico y tecnológico suscitado en la mayor parte de las áreas y campos del conocimiento, plantean simultáneamente la necesidad de actualizar los contenidos de la formación profesional. Por una parte, es evidente la exigencia social de una mejor calidad en la formación de profesionales; dicha calidad se traduce como la exigencia de un mayor y mejor dominio de la teoría de la disciplina y un manejo más eficiente de los métodos y de los instrumentos modernos para su ejercicio en el mercado del empleo. En este fin de siglo, las profesiones están siendo severamente cuestionadas; las universidades y los institutos requieren de mejores y más capacitados profesores para enseñar lo que debe enseñarse (5); y esta exigencia le plantea a la institución y a los propios profesores una serie de tareas coordinadas para la actualización y la pertinencia de los planes y de los programas de estudio de los curricula de las carreras profesionales que ofrecen.

     En conclusión, el reto de las instituciones de educación superior consiste en seleccionar adecuadamente a su personal docente; reformular los contenidos teóricos y metodológicos de las carreras profesionales; establecer y operar programas de actualización profesional para sus profesores; y si no les es posible contratar nuevos profesores, por los inconvenientes que plantean los sindicatos, los dirigentes de las instituciones requieren de habilidades especiales para la conciliación política de voluntades para conducir a la educación superior precisamente a niveles de calidad superiores a los actuales.

El quinto reto: la formación para la convivencia laboral y la participación ciudadana.

     Saber convivir en el medio laboral y saber participar propositivamente no forma parte de la cultura mexicana en contextos de diversidad étnica e ideológica. Una de las difcultades que frena el mejoramiento de la calidad en el trabajo concierne a la relación cotidiana entre los trabajadores de una empresa pública o privada; incluso, las tareas fundamentales de las instituciones no se realizan con eficiencia por causa de los problemas de comunicación existentes en los sistemas.

     A esta década del fin de siglo se le ha denominado, en México, la década de la democracia; en los últimos años se han puesto en práctica en nuestro país diversas estrategias y modalidades para la instalación del diálogo y la tolerancia en la cultura social. Los esfuerzos desplegados han sido muchos; los logros han sido pocos en comparación con los fracasos. Sin embargo, estos avances son significativos puesto que sientan las bases sólidas para proponer e instrumentar iniciativas y estrategias para el mejoramiento de las relaciones sociales y la consolidación de las instituciones nacionales.

     Si bien la tolerancia como principio no es la aceptación absoluta de los demás sí constituye un factor que facilita el diálogo entre partes conflictuadas. En el mismo sentido, la aceptación de la diversidad étnica e ideológica, incluso en el contexto de la tolerancia, es un indicio del esfuerzo que se hace por vivir en la pluralidad.

     La tolerancia es el primer paso para el establecimiento del diálogo; el diálogo es el antecedente del consenso; y el consenso es necesario para el establecimiento de compromisos y de tareas orientadas al bien común. Tolerar no significa aceptar; pero también es necesario apuntar que ser tolerante, sin aceptar la totalidad, es paradógicamente un derecho a la individualidad.